61 esa no era la persona que buscaban (supra párr. 62). En este sentido, previo a la muerte de Eduardo Landaeta, el Estado ya tenía indicios de la posible interrelación entre ambas muertes y no inició ninguna averiguación para confirmar la vinculación. Asimismo, esta Corte ya ha establecido que mientras Eduardo Landaeta se encontraba detenido, sus padres pusieron en conocimiento de las autoridades no sólo las amenazas en su contra, sino también la situación de riesgo contra la vida en el que se encontraba su hijo (supra párrs. 70 y 187). Lo anterior, sin que las autoridades tomaran las medidas necesarias para impedir su muerte; pues, a pesar de dicha información, no consta en el expediente que el Estado haya considerado una línea de investigación que tomara en cuenta las declaraciones de sus familiares. 223. Por otro lado, en virtud de la muerte de Eduardo Landaeta, la Comisión de Derechos Humanos de Justicia y Paz del estado Aragua presentó una solicitud de apertura de averiguación de nudo de hecho ante la Fiscalía Novena del Ministerio Público el 27 de agosto de 1997. En dicha solicitud, señaló de manera expresa que el 30 de diciembre de 1997, mientras María Magdalena Mejías se encontraba en el comando policial, los funcionarios GACF y AAC, quienes se encontraban vinculados a la muerte de Igmar Landaeta, llegaron a dicha comandancia solicitando que se les entregara al menor de edad, Eduardo Landaeta, para su traslado 258; lo que a criterio de esta Corte, evidencia una posible interrelación entre ambos casos. 224. La Corte constata que a pesar de los indicios demostrados que indicaron una interrelación entre ambas muertes, la puesta en conocimiento de las autoridades sobre las presuntas amenazas, hostigamientos y sobre la situación de riesgo de Eduardo Landaeta, sumado al hecho de que la Fiscalía Novena del Ministerio Público fue la encargada de ambos casos durante un periodo de tiempo, las autoridades no realizaron investigaciones del conjunto de estos hechos ni realizaron una averiguación tendiente a comprobar dichos vínculos 259. Al respecto, este Tribunal ha establecido que “[l]a investigación con debida diligencia exige tomar en cuenta lo ocurrido en otros homicidios y establecer algún tipo de relación entre ellos. Ello debe ser impulsado de oficio, sin que sean las víctimas y sus familiares quienes tengan la carga de asumir tal iniciativa” 260. 225. Con base en lo señalado, la Corte considera que las investigaciones aisladas que se efectuaron no contribuyeron con el esclarecimiento de los hechos ni, en su caso, con la determinación de responsabilidades. En este sentido, este Tribunal estima que el Estado al no investigar ambas muertes de manera conjunta no agotó todas las posibles líneas de investigación que permitieran el esclarecimiento de los hechos 261. B.2 Debida diligencia y plazo razonable durante las investigaciones y el proceso penal relativo a la muerte de Igmar Alexander Landaeta Mejías 226. El Tribunal ha establecido que Igmar Landaeta murió a causa del uso excesivo de la fuerza en noviembre de 1996 (supra párr. 142). Como consecuencia de ello, esta Corte constata que se inició una investigación y proceso penal para el esclarecimiento de los hechos y la correspondiente sanción de los responsables que concluyó con una absolución y un sobreseimiento. En virtud de ello, y con base en lo alegado por la Comisión y por las partes, le corresponde a este Tribunal determinar si las investigaciones y el proceso penal 258 Cfr. Solicitud de apertura de averiguación de nudo de hecho (infra nota al pie 294) presentada por la Comisión de Derechos Humanos de Justicia y Paz del estado Aragua de 27 de agosto de 1997 (anexos a la contestación, folios 7083 a 7085). 259 Cfr. Caso Familia Barrios, supra, párr. 253. 260 Cfr. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205, párr. 368, e inter alia Caso Familia Barrios, supra, párr. 253. 261 Cfr. Caso Familia Barrios, supra, párr. 254.