Los hechos del caso se relacionan con falta de garantía de los derechos territoriales de las comunidades indígenas que habitan los lotes fiscales Nº 55 y 14, en el Departamento de Rivadavia, provincia de Salta.

La CorteIDH analizó la conducta estatal en relación con su obligación de brindar seguridad jurídica adecuada al derecho de propiedad comunitaria. Adicionalmente, y por primera vez, la CorteIDH se expidió sobre los derechos a un medio ambiente sano, a la alimentación adecuada, al agua y a participar en la vida cultural evaluando la responsabilidad estatal a la luz de las interferencias sufridas por las comunidades indígenas en la plena posesión de su territorio.