Los hechos del caso se refieren al incumplimiento de sentencias judiciales emitidas entre los años 1996 a 2000 y que ordenaban el reintegro de trabajadores municipales despedidos por distintas causales.

La Corte IDH estableció la responsabilidad del Estado por la violación al derecho a la protección judicial en perjuicio de los trabajadores debido a la oposición del municipio en ejecutar las sentencias. En este sentido, entendió que la ejecución de las sentencias debe ser consideraba como parte integrante del derecho de acceso a un recurso efectivo y debe abarcar el pleno cumplimiento de la decisión respectiva.