Los hechos del caso se refieren a la condena por el delito de homicidio agravado que se impuso a Manuela, como consecuencia de haber sufrido un aborto espontáneo. Manuela murió estando privada de libertad por no haber recibido la atención de salud adecuada.

En su Sentencia la CorteIDH aplicó sus estándares sobre prisión preventiva, concluyendo que la dictada contra Manuela fue arbitraria y contraria a la presunción de inocencia debida. Asimismo, consideró que tanto las investigaciones penales cuanto la motivación de la sentencia condenatoria recaída contra Manuela fueron resultado de la aplicación de estereotipos de género, así como la aplicación de una pena desproporcionada.

Finalmente, la CorteIDH consideró las implicancias particulares que reviste al derecho a la salud sexual y reproductiva en relación con personas con capacidad de gestar, concluyendo que el trato recibido por Manuela afecto su integridad personal y su derecho a la salud. También desarrollo estándares sobre el alcance del secreto médico y la protección de datos personales