2 6. Esta tesis, de la necesidad de la reversión de la prueba para exonerar al Estado de responsabilidad, fue tímidamente señalada por la Corte en el presente caso en el párrafo 176 de su sentencia: Teniendo en cuenta lo anterior, la Corte considera que los hechos narrados en los párrafos anteriores, que no fueron controvertidos específicamente por el Estado, y sobre los cuales no presentó ninguna prueba concreta en contrario, confirman lo señalado por el perito Balmaceda en el sentido de que “los pocos [enfermos de la Comunidad] que pudieron llegar hasta un profesional médico o un centro asistencia lo hicieron en forma tardía o fueron tratados muy deficientemente o mejor dicho en forma denigrante para la condición humana”. Por ello, el Tribunal considera que tales muertes son atribuibles al Estado. 7. La misma situación del caso Yakye Axa se ha presentado en el caso de la Comunidad Sawhoyomaxa. La no devolución de las tierras ancestrales oportunamente, la no entrega a la comunidad de agua, alimentos y medicinas por parte del Estado, y la falta de atención médica oportuna e integral ha ocasionado en este caso la muerte de las siguientes personas (párr. 178): NN Galarza, Rosana López, Eduardo Cáceres, Eulalio Cáceres, Esteban González Aponte, NN González Aponte, NN Yegros, Jenny Toledo, Guido Ruiz Díaz, NN González, Luis Torres Chávez, Diego Andrés Ayala, Francisca Brítez, Silvia Adela Chávez, Esteban Jorge Alvarenga, Arnaldo Galarza y Fátima Galarza. 8. Si se analiza los casos particulares de cada una de estas muertes, encontramos que las enfermedades de Rosana López, Esteban González, NN Yegros, Guido Ruiz Díaz, Luis Torres Chávez, Francisca Brítez y Diego Andrés Ayala no fueron tratadas (párr. 172). Tales personas simplemente fallecieron en la Comunidad. El Estado no ha presentado ninguna evidencia que demuestre lo contrario, pese a los requerimientos del Tribunal (párrs. 55 y 57). Consecuentemente, dichas muertes debieron ser atribuidas a la falta de prevención adecuada y adopción de suficientes medidas positivas por parte del Estado, el que estaba al tanto de la situación de la Comunidad y era razonable esperar que actuara. 9. Asimismo, a pesar de la extrema pobreza algunas personas acudieron a centros de salud y recibieron cierto tipo de atención médica, pero ésta fue insuficiente, a destiempo o no integral. Los recién nacidos NN Galarza y NN González, ambos enfermos de tétano, fueron dados de alta por sus respectivos tratantes, ya que “nada se podía hacer” por ellos. Fallecieron en la Comunidad “con la rigidez característica de los enfermos de tétano”. Los hermanos Eduardo y Eulalio Cáceres perecieron de pulmonía. El primero de ellos fue internado en el hospital de Concepción, pero no recibió medicamentos porque “la madre no pudo comprar[los]”. Falleció en el hospital a los ocho días de internado. Luego de la muerte de Eduardo, “le piden a la madre que retire a Eulalio si no va a comprar los medicamentos y expiden el alta hospitalario”. Seis días después Eulalio pereció en la Comunidad. La niñas González Aponte y Jenny Toledo fueron dadas de alta del centro médico en el que se encontraban, “sin mucha mejoría”, la primera, y “sin ninguna medicación”, la segunda. La niña González Aponte falleció 8 días después de enterocolitis/deshidratación, mientras que Jenny, quien aparentemente estaba en buenas condiciones, recayó en la enfermedad y “no hubo oportunidad de llevarla nuevamente” al hospital. Murió de deshidratación. El recién nacido Esteban Jorge Alvarenga, quien sufría de disnea e insuficiencia respiratoria, pudo ser llevado al hospital de Concepción, pero no fue hospitalizado. La tratante entregó una receta médica, “que por los escasos recursos de la madre fue imposible que los adquiriera, falleciendo unos días después”. La recién nacida Silvia Adela Chávez fue atendida por una “comitiva médica” que no le proporcionó medicamentos y recomendó a la madre que los fuese a buscar en un “Registro Sanitario”. Un mes después la niña falleció. La madre de los hermanos Arnaldo y Fátima Galarza, señora