Los hechos del caso se refieren a la privación ilegal de la libertad de Luis Alberto Cantoral Benavides, seguida de su encarcelamiento arbitrario, tortura, violación a sus garantías judiciales y doble enjuiciamiento con base en los mismos hechos. La víctima fue detenida por agentes de la División Nacional contra el Terrorismo (DINCOTE) en febrero de 1993, época en la que se encontraba vigente un estado de emergencia constitucional con suspensión de una serie de garantías. Durante su detención fue objeto de actos de violencia con el fin de obtener su autoinculpación.

Estos acontecimientos se enmarcan en conflicto entre grupos armados y agentes de las fuerzas policiales y militares que se vivió en Perú durante la década del 80 y hasta finales del 2000. Este conflicto se agudizó mediante una práctica sistemática de violaciones a los derechos humanos de personas sospechosas de pertenecer a grupos políticos opositores. Estas prácticas fueron realizadas por agentes estatales siguiendo órdenes de jefes militares y policiales.

El Sr. Cantoral Benavides fue sometido a proceso ante la jurisdicción militar, lo que en el análisis de la Corte IDH violó los requerimientos de independencia e imparcialidad establecidos en la Convención Americana. La Corte IDH también evaluó la compatibilidad del tipo penal de terrorismo y traición a la patria con el principio de legalidad penal.