Los hechos del caso se refieren a la muerte de Blanca Jeanette Kawas Fernández, defensora de derechos humanos con importante trayectoria en temas de medio ambiente, producida por un disparo de arma de fuego -el 6 de febrero de 1995- mientras se encontraba en su casa. Kawas era presidenta de la fundación PROLANSATE y su liderazgo fue determinante para la afectación como Parque Nacional de la zona de Punta Sal en el departamento de Atlántida, y en la denuncia pública sobre la explotación ilegal de madera. El asesinato de Kawas permaneció impune por más de 14 años.

La Corte IDH desarrolló estándares acerca de la debida diligencia en la investigación de muertes violentas y sobre el derecho de asociación en relación con personas que trabajan en la promoción y defensa de los derechos humanos.