Los hechos del caso se refieren a la muerte -en mayo de 2004- de 107 internos del Centro Penal de San Pedro de Sula, como resultado directo de una serie de deficiencias estructurales presentes en dicho centro penitenciario. Las víctimas eran miembros de las denominadas “maras” y se encontraban aislados del resto de la población penal y confinados en un recinto inseguro e insalubre.

La Corte IDH enmarcó el caso en un contexto de implementación de reformas penales y de políticas de "tolerancia cero" con las que se pretendía erradicar las maras y pandillas; a partir de estas reformas la policía inició una práctica común de detenciones por sospecha y arrestos masivos con base en la apariencia de las personas y sin orden previa de autoridad competente.

La Corte IDH homologó un acuerdo de solución amistosa alcanzado por las partes, en el marco del cual el Estado reconoció su responsabilidad internacional. Sin perjuicio de ello, la Corte IDH consolidó el desarrollo de estándares sobre condiciones de detención y obligaciones estatales en relación con personas bajo su custodia.