activamente. Por ejemplo, Antonia Difienjo señaló que “en comparación con otros en el país, […] nosotros no tenemos los mismos derechos en Suriname”. Stanley Rensch expresó que existe “un apoyo insuficiente a la idea […] de que los Maroons se merezcan el mismo tipo de protección legal en el país”. 95. Más aun, la impunidad persistente ha tenido un grave impacto en los miembros de la comunidad de Moiwana, como pueblo N’djuka. Tal como se ha señalado en los hechos probados (supra párr. 86.10), la justicia y la “responsabilidad colectiva” son principios centrales en la sociedad N’djuka tradicional. Si un miembro de la comunidad es ofendido, sus familiares – que serían todos los miembros de linaje maternal – están obligados a buscar justicia para la ofensa cometida. Si ese familiar ha muerto, los N’djuka creen que su espíritu no podrá descansar en paz hasta que se haga justicia. Mientras que la ofensa siga sin sanción, el espíritu de la víctima – y posiblemente otros espíritus ancestrales – pueden atormentar a sus familiares vivientes. 96. En este sentido, el perito Kenneth Bilby manifestó que, de conformidad con las creencias tradicionales, los espíritus de los muertos afectan a un número cada vez mayor de miembros de la comunidad cuando no hay solución a una transgresión grave. Los testigos que declararon ante la Corte expresaron un gran miedo hacia esos espíritus y mucho remordimiento porque sus esfuerzos para obtener justicia aun no han tenido éxito. Como lo declaró Andre Ajintoena, es “esencial” buscar justicia cuando alguien muere de manera injusta; esta obligación de “enderezar las cosas”, si no se cumple, causará sufrimientos tanto a los vivos como a los muertos. Por estas razones, el señor Ajintoena estableció una organización, Association Moiwana, dedicada a promover una investigación del ataque de 1986; sin embargo, debido a la denegación de justicia a la que se siguen enfrentando los miembros de la comunidad, el señor Ajintoena señaló, “es como si estuviéramos muriendo una segunda vez”, Así, los miembros de la comunidad no sólo han sufrido la indignación y vergüenza de haber sido abandonados por el sistema de justicia penal de Suriname – a pesar de las graves acciones perpetradas en contra de su aldea – sino también han debido sentir la ira de los familiares que murieron injustamente durante el ataque. 97. Asimismo, debido a la impunidad continuada por la operación militar de 1986 y al desconocimiento por parte de los miembros de la comunidad acerca de los motivos de tal ataque, éstos han sufrido una profunda ansiedad frente a la posibilidad de enfrentar hostilidades si regresaran a sus tierras tradicionales. Erwin Willemdam testificó ante la Corte que, desde que ocurrió el ataque, ha conducido su vehículo cerca de la aldea de Moiwana en varias ocasiones, pero nunca se ha detenido: “mientras no se haya hecho justicia, […] no podemos regresar a quedarnos a ese lugar”. La prueba testimonial demostró que para que los miembros de la comunidad se sientan suficientemente seguros para establecer nuevamente su residencia en la aldea de Moiwana, deben conocer por qué ocurrieron las muertes y qué hará el Estado para exigir la responsabilidad de los autores de esos hechos. b) Imposibilidad de los miembros de la comunidad de honrar apropiadamente a sus seres queridos fallecidos 98. Como quedó establecido en los hechos probados (supra párrs. 86.7 a 86.9), el pueblo N’djuka tiene rituales específicos y complejos que se deben seguir después de la muerte de un miembro de la comunidad. Asimismo, es extremadamente importante tener la posesión de los restos mortales del fallecido, ya que el cadáver 47