Los hechos del caso se refieren a las violaciones a los derechos humanos de la Comunidad por la falta de otorgamiento de un titulo de propiedad sobre la totalidad de sus territorios ancestrales, así como las amenazas y hostigamientos contra sus miembros, incluyendo el asesinato de 2 de ellos.

En su Sentencia la Corte IDH reitero sus estándares respecto del derecho de propiedad de los pueblos indígenas y tribales sobre sus territorios tradicionales, así como la obligación estatal de asegurar en su derecho interno mecanismos adecuados y efectivos que permitan a las comunidades defender sus derechos y ejercer el control efectivo de su territorio sin interferencias externas.

En tal sentido, reiteró que la obligación estatal supone una protección efectiva que tome en cuenta sus particularidades propias, sus características económicas y sociales, así como la situación de especial vulnerabilidad, su derecho consuetudinario, valores usos y costumbres.