Los hechos que fundamentan la solicitud se relacionan con la seguridad de las personas que integrarán la delegación que asistirá en representación de las víctimas a una audiencia pública convocada por la Corte IDH en el caso, así como la de dos personas que fueron citadas a la misma en calidad de declarantes. En particular se indica que personas “extrañas” o “prófugas”, que podrían ser militares vinculados a las violaciones de derechos humanos que se están conociendo, estarían “rondando” la comunidad y habrían efectuado seguimientos a varias personas, asociando estos hostigamientos a la realización de una audiencia pública sobre el caso.