Los hechos del caso se refieren a la condena penal por el delito de injurias y la ulterior responsabilidad civil de Carlos y Pablo Mémoli, tras exponer una serie de denuncias en diferentes medios de comunicación, referidas a una presunta defraudación cometida por los miembros de la Asociación Italiana de la ciudad de San Andrés de Giles.

El caso reflejaba un conflicto entre el derecho a la libertad de expresión y la protección de la honra y la reputación. La Corte IDH entendió que la libertad de expresión no es un derecho absoluto y que en el marco de la libertad de información es deber del periodista constatar de forma razonable los hechos en los que fundamenta sus opiniones. Del mismo modo, consideró que tanto la via civil cuanto la penal pueden ser medios para establecer responsabilidades ulteriores bajo ciertas circunstancias que respeten requisitos de necesidad y proporcionalidad.

Los hechos generaron también un proceso civil por daños y perjuicios con la aplicación de una medida cautelar de inhibición general contra los Sres. Mémoli para enajenar y gravar bienes con el fin de garantizar el eventual pago resultante del proceso, que se mantuvo vigente por más de 17 años, lo que configuró una violación al principio de plazo razonable y al derecho a la propiedad.