Los hechos del caso se refieren a la condena a pena de muerte obligatoria de Tyrone Dacosta Cadogan, por encontrarlo culpable del delito de homicidio.

La Corte IDH aplicó estándares sobre la incompatibilidad de la imposición obligatoria de la pena de muerte y el derecho a la vida y la prohibición de la violación arbitraria de la vida. Al analizar si la mera disponibilidad de una evaluación psiquiátrica en favor de la víctima era suficiente para garantizar el derecho al debido proceso, estableció como criterio la mayor rigurosidad en la observación de las garantías judiciales en aquellos que pueden culminar con la aplicación de la pena de muerte.

Adicionalmente analizó el alcance de la obligación positiva estatal de adoptar medidas legislativas para garantizar el ejercicio de los derechos.