16 intervenidas 20 fincas, luego de que funcionarios del INTI realizaran los estudios técnicos y catastrales, determinando que quienes se adjudicaban su propiedad no demostraron la titularidad de las mismas”19. En ese contexto, se presentaron algunas ocupaciones violentas de tierras que agudizaron las tensiones entre gremios de propietarios y campesinos20. 48. El Estado señala que para el momento de los hechos del presente caso “[a]lgunos terratenientes venezolanos comenzaron a contratar paramilitares colombianos como sicarios para asesinar a líderes campesinos que estaban haciendo cumplir la Ley de Tierra y Desarrollo Agrario”21. Por su parte, PROVEA señaló que [e]n varios estados del país se produjeron asesinatos de dirigentes campesinos. La modalidad de sicariato fue la más usada para actuar contra los dirigentes. Según una investigación adelantada por la Coordinadora Agraria Nacional, desde enero hasta septiembre de 2003, 20 dirigentes campesinos e indígenas fueron asesinados. […] Raúl Yépez Chirinos, subdirector del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) informó que son 56 los campesinos asesinados en los estados Zulia, Apure, Barinas, Guarico, Portuguesa y Táchira, aunque no indicó desde cuando llevan el registro. Al igual que varios dirigentes y organizaciones campesinas, expresó que en esos hechos aparecen involucrados dueños de tierras, sobretodo en la región zuliana donde se comprobó que contrataron a sicarios para asesinar a varias personas22. 49. Asimismo, en su informe anual para el año 2006 la Comisión señaló que “ha venido observando con preocupación la situación de impunidad en los casos de 'muerte por encargo' o situación de sicariato en perjuicio de campesinos o personas relacionadas con procesos de reivindicación de tierras”23. 1.3 Venezuela La situación de los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en 19 Programa Venezolano de Educación – Acción en Derechos Humanos (PROVEA). Informe Anual octubre 2002 septiembre 2003. Disponible en http://www.derechos.org.ve/proveaweb/wpcontent/uploads/03_derecho_a_la_tierra.pdf. 20 Alegado por los peticionarios en su escrito de fondo de los peticionarios recibido en la CIDH el 13 de julio de 2007. No controvertido por el Estado. PROVEA en su Informe Anual octubre 2002 - septiembre 2003 señaló “[s]i bien es cierto que el número de ocupaciones forzosas no es significativo y no afecta en lo fundamental el derecho a la propiedad de quienes poseen grandes o medianas extensiones de tierra, las pocas que ocurren agudizan el clima de tensión que existe desde años a causa de la inequitativa distribución de la tierra. Por otra parte, los gremios que agrupan los ganaderos y hacendados denunciaron que el Gobierno Nacional estimuló la ocupación de tierras e hizo uso de la Fuerza Armada Nacional para respaldar los invasores. […] Por su parte, en el estado de Zulia, Luis Elías Martínez, Vicepresidente de la Asociación de Ganaderos de Machiques, expresó: ‘Nosotros no vamos a permitir, como los productores barinenses, que nos arrebaten la tierra […]. Primero tendrán que matarnos uno por uno porque nos vamos a unir y estamos dispuestos a defender; incluso con las armas, lo que nuestros abuelos crearon en medio de las mayores penurias y dificultades hace más de cien años”. Programa Venezolano de Educación – Acción en Derechos Humanos (PROVEA). Informe Anual octubre 2002 - septiembre 2003. Disponible en http://www.derechos.org.ve/proveaweb/wp-content/uploads/03_derecho_al_asilo_y_al_refugio.pdf. 21 Nota Nro. AGEV/000080 del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, 21 de enero de 2008, págs. 12 y 13. 22 Programa Venezolano de Educación – Acción en Derechos Humanos (PROVEA). Informe Anual octubre 2002 septiembre 2003. Disponible en http://www.derechos.org.ve/proveaweb/wpcontent/uploads/03_derecho_a_la_tierra.pdf. 23 CIDH. Informe Anual 2006, Capítulo IV, http://www.cidh.oas.org/annualrep/2006sp/cap4d.2006.sp.htm. Venezuela, párr. 178. Disponible en