remitió una resolución de la Corte de Apelaciones de La Ceiba, de fecha 2 de mayo de 2001, 4 recaída en un recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia condenatoria de primera instancia. En dicha resolución la Corte detectó la comisión de una serie de irregularidades procesales en la tramitación y declaró nulas las actuaciones judiciales desde la resolución de fecha 8 de octubre de 1997, que decretaba la apertura del juicio plenario. Además, ordenó remitir el expediente al juzgado de primera instancia con el objeto que se subsanaran las faltas señaladas en dicha resolución. En la parte principal de su resolución la Corte señala: En el presente caso, ni el Ministerio Público que nominó a los Agentes Antidrogas que practicaron dicho operativo, ni el Juez de la instancia, se preocuparon por llevar o hacer comparecer al Despacho a esas personas, conformándose con la declaración de un reportero de prensa que no presenció el comiso de la droga, lo que significa que no se agotó la investigación de los hechos. Además, en la audiencia de careo se juramentó al procesado, todo lo cual constituye una violación a las garantías constitucionales, como lo es el derecho de defensa y del debido proceso. Agrega la resolución “Que las anteriores irregularidades procesales, constituyen violación de normas de obligatorio cumplimiento, cuya sanción es la nulidad absoluta de actuaciones, la cual este Tribunal deviene obligado a declarar de oficio, por ser de orden público y constar de autos.5 12. La citada resolución de la Corte de Apelaciones de La Ceiba retrotrae el estado del juicio a la etapa sumaria, lo que implica que la víctima ha permanecido enprisión preventiva desde el 27 de abril de 1997 hasta la fecha, es decir, 56 meses, sin que se haya cerrado el sumario, ni se haya probado su culpabilidad en el delito que se le acusa. El 20 de julio de 2001, según información adicional de la peticionaria, se interpuso un recurso de exhibición personal 6 ante la Corte de Apelaciones de La Ceiba en favor de la víctima, el cual fue declarado sin lugar por improcedente el 23 de julio de 2001. 13. Con respecto a las medidas cautelares solicitadas en favor de la víctima, con fecha 23 de marzo de 2001, la peticionaria, en sus observaciones a la respuesta del Estado, expresó que el traslado del señor López Alvarez desde el Centro Penal de Tela al de Puerto Cortés fue arbitrario. Señaló asimismo que en el año 1999 se interpuso una denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de Honduras, (CODEH), porque el director del Centro Penal de Tela, señor Nasir López, prohibió a la víctima hablar en garífuna con su familia cuando lo visitaba, aduciendo que en esa lengua transmitía información para denunciar las arbitrariedades que se cometían contra los reclusos.Expresa la peticionaria que los hechos acontecidos el 22 de marzo de 2001 fueron una represalia preparada por el propio jefe del Centro Penal, quien habría ordenado a la Mara 187 un ataque contra los reclusos porque habían organizado el Comité para la Defensa de los Internos (CODIN), del que era vice-presidente el señor López Alvarez. 14. La peticionaria alega que su petición es admisible, por aplicación de las excepciones contempladas a los requisitos de agotamiento de recursos internos y de plazo de presentación de la petición, previstos en el artículo 2 (a) y (b) de la Convención B. El Estado 15. El 24 de abril de 2001 el Estado remitió a la Comisión su contestación respecto de la petición y de la solicitud de medidas cautelares. 16. Con respecto a la petición, el Estado expresó que el señor López Alvarez guarda prisión por el delito de posesión y tráfico de estupefacientes, delito no fiable según la legislación hondureña. En relación con el proceso informó que la sentencia del Juzgado de Letras de Tela (expediente 2852-2001) que condenó al señor López a 15 años de reclusión y al pago de una multa de 1 millón de lempiras (1.000.000,00), fue recurrida por éste ante la Corte de 4 5 6 7 Documento adjuntado por la peticionaria, recibido el 15 de junio de 2001. Documento adjuntado por la peticionaria, recibido el 15 de junio de 2001. Documento adjuntado por la peticionaria, recibido el 23 de agosto de 2001. Pandilla 3

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