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INFORME No. 174/10
CASO 12.688
FONDO
NADEGE DORZEMA Y OTROS o MASACRE DE GUAYUBIN
REPÚBLICA DOMINICANA
2 de noviembre de 2010

II.

RESUMEN

1.
El 28 de noviembre de 2005 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en
adelante “la Comisión Interamericana”, “la Comisión” o “la CIDH”) recibió una denuncia presentada
por el Grupo de Apoyo a los Repatriados y Refugiados, representado por Cherubin Tragelus y por el
Centro Cultural Domínico Haitiano, representado por Antonio Pol Emil, mediante la cual se alegó la
responsabilidad de la República Dominicana (en adelante “el Estado dominicano”, “el Estado” o
“República Dominicana”). En la petición se alegó que el Estado es responsable internacionalmente por
los hechos sucedidos el 18 de junio de 2000, en el que perdieron la vida Jacqueline Maxime, Fritz
Alce (Gemilord), Roselene Theremeus, Ilfaudia Dorzema, Máximo Rubén de Jesús Espinal, Pardis
Fortilus y Nadege Dorzema, y en el cual sufrieron menoscabo a su integridad personal Joseph Pierre,
Selafoi Pierre, Silvie Thermeus, Roland Israel, Rose Marie Dol, Josué Maxime, Michel Florantin,
Cecilia Petithomme/Estilien, Sonide Nora, Alphonse Oremis, Renaud Timat y Honorio Winique.
Asimismo, en la petición se alegó que algunas de las víctimas habían sufrido violación a su libertad
personal y consideraron que el Estado no había proporcionado las garantías judiciales y protección
judicial que permitieran la reparación de los daños causados. El 23 de octubre de 2006, la Secretaría
Ejecutiva de la CIDH recibió la acreditación como co-peticionarios de la Clínica Internacional de
Defensa de los Derechos Humanos de la UQAM, representada por Bernard Duhaime y Carol Hilling
(en adelante ellos y los peticionarios iniciales serán referidos como “los peticionarios”).
2.
El 22 de diciembre de 2008, la Comisión aprobó el informe de admisibilidad No.
95/08, donde concluyó que tenía competencia para conocer la denuncia presentada por los
peticionarios y decidió, con fundamento en los argumentos de hecho y de derecho, y sin prejuzgar
sobre el fondo de la cuestión, declarar admisible la denuncia por la presunta violación de los
artículos 4, 5, 7, 8, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante la
“Convención Americana”), en conexión con el artículo 1.1 de la misma. Además, en aplicación del
principio iura novit curia la Comisión concluyó que la petición era admisible por el presunto
incumplimiento del artículo 2 de la Convención Americana.
3.
En ese sentido, durante el trámite de fondo los peticionarios alegaron que el 18 de
junio de 2000 en la frontera de Haití con República Dominicana militares dominicanos llevaron a
cabo una masacre contra personas haitianas, dentro de la cual otras más resultaron heridas; que los
hechos permanecen en la impunidad puesto que fueron investigados por la justicia militar, y que las
personas detenidas fueron expulsadas del país sin que se determinara de manera judicial o
administrativa su estatus jurídico. En este sentido, alegaron que las víctimas ejecutadas y heridas
estuvieron sujetas al atentado contra sus vidas, a la expulsión del territorio sin las debidas garantías,
y a la denegación de justicia en virtud de ser extranjeros de ascendencia haitiana. Al respecto
consideraron que los hechos se circunscriben al contexto generalizado de trato discriminatorio
contra haitianos o personas de origen haitiano por parte de los agentes dominicanos. Por tanto,
consideraron que el Estado es responsable por la violación de los derechos indicados en el párrafo
anterior.
4.
Por su parte, el Estado consideró que los alegatos de los peticionarios eran
inadmisibles ya que no habrían cumplido con el requisito de previo agotamiento de los recursos
internos previsto en el artículo 46.1.a de la Convención Americana. Asimismo, consideró que el

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