Los hechos del caso se refieren a la detención ilegal y arbitraria - el 17 de abril de 1993- de Gladys Carol Espinoza Gonzáles, quien fue sometida a tortura, incluyendo actos de violencia sexual, por integrantes de la División de Investigación y Secuestro (DIVISE) y de la Dirección Nacional contra el Terrorismo (DINCOTE) ambas adscritas a la Policía Nacional del Perú. También estuvo sometida a condiciones de detención inhumanas durante su permanencia en el Penal de Yanamayo.

La CorteIDH enmarcó su análisis en el contexto de una práctica sistemática de violaciones de derechos humanos, ocurrida en Perú desde inicios de la década de los ochenta y hasta finales del 2000 y en el que también se produjeron numerosos actos que configuraron una práctica generalizada y aberrante de violación sexual que afectó principalmente a las mujeres.