-38funcionarios79. Para hacer estas determinaciones, resulta importante tomar en consideración las circunstancias y el contexto en que se realizaron dichas declaraciones80. 132. Es claro que los hechos del presente caso ocurrieron en contextos y períodos de alta polarización y conflictividad política y social. En esto han coincidido las partes y algunos testigos que se han referido a ciertos sucesos relevantes ocurridos durante el período 2001 a 2005, muchos de los cuales han sido de conocimiento público. 133. En sus Informes anuales e Informes sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela, emitidos entre 2003 y 2006, la Comisión constató la existencia de un clima de agresión y amenaza contra la libertad de expresión y, en particular, contra la integridad personal de periodistas, camarógrafos, fotógrafos y demás trabajadores de la comunicación social. Al identificar las áreas de especial atención en la materia, la Comisión observó la existencia de actos de “amenazas, ataques y actos de hostigamiento, contra comunicadores sociales, especialmente aquellos que trabajan en la calle, así como también la falta de investigación en relación a dichas amenazas y ataques”. También se refirió a la falta de investigación de tales actos e hizo notar que en varias oportunidades solicitó al Estado la adopción de medidas cautelares con el fin de proteger la vida, integridad personal y libertad de expresión de periodistas, camarógrafos y fotógrafos atacados. Entre las recomendaciones hechas por la Comisión en sus informes, destacó “[m]antener desde las más altas instancias del Gobierno la condena pública a los ataques contra los comunicadores sociales, con el fin de prevenir acciones que fomenten” la privación de la vida, ataques, amenazas e intimidaciones a aquéllos. La Comisión también recibió información sobre agresiones a medios y comunicadores fuera del contexto del conflicto político y social, un aumento de procesos penales en contra de comunicadores sociales y de actos que podrían configurar formas de restricción indirecta en el ejercicio de la libertad de expresión. La Comisión manifestó su preocupación porque esos hechos podían obstaculizar el libre ejercicio del periodismo, tanto de los medios que se perciben como opositores, como los pertenecientes a los medios oficiales 81. 134. La Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana, a través de sus comunicados e informes, ha hecho diversos señalamientos acerca de la situación en Venezuela y se ha referido a expresiones emitidas por altos funcionarios “que podrían considerarse amedrentadoras a los medios de comunicación y periodistas”. Asimismo, refirió que esas declaraciones podían “contribuir a crear un ambiente de intimidación hacia la prensa que no facilita el debate público e intercambio de opiniones e ideas, necesarios para la convivencia en democracia”82. 79 Cfr. ICJ, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Judgment of 27 June 1986, I.C.J. Reports 1984, p. 390, para. 71. 80 Cfr. PCIJ, Legal Status of Eastern Greenland, Judgment of 5 April 1933, Ser. A/B53, pág. 69. Ver también, ICJ, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Judgment of 27 June 1986, I.C.J. Reports 1984, p. 390, para. 65. 81 Cfr. CIDH. Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela, OEA/Ser.L/V/II.118doc. 4 rev. 2, 29 de diciembre de 2003, párr. 367; Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2005, Capítulo IV, “Desarrollo de los Derechos Humanos en la Región”, OEA/Ser.L/V/II.124, Doc. 7, 27 febrero 2006,; Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2006, Capítulo IV, “Desarrollo de los Derechos Humanos en la Región” OEA/Ser.L/V/II.127, Doc. 4 rev. 1, 3 marzo 2007. 82 Cfr. CIDH. Informe de la Relatoría para la Libertad de Expresión en Informe Anual de La Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2000. OEA/Ser./L/V/II.111, doc. 20 rev.16 abril 2001.