Los hechos del caso se refieren la ejecución extrajudicial de la antropóloga Myrna Chang, ocurrida el 11 de setiembre de 1990, como consecuencia de una operación de inteligencia militar, llevada a cabo de acuerdo a un plan previo elaborado por el alto mando del Estado Mayor Presidencial, y que incluyó el encubrimiento de todos los autores materiales e intelectuales. A la época de los hechos existía en el país un patrón de ejecuciones extrajudiciales selectivas impulsadas por el Estado, el cual estaba dirigido a aquellos individuos considerados como “enemigos internos”.

A Corte IDH estableció estándares acerca de la protección del derecho a la vida y sobre el deber de los jueces de dirigir y encausar el procedimiento judicial en un plazo razonable, analizando la conducta estatal de retención de evidencia.