Los hechos del caso se refieren a la detención arbitraria e ilegal de Daniel Tibi, ocurrida en noviembre de 1995, las torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes que sufrió mientras estuvo privado de libertad por un supuesto delito de tráfico de estupefacientes, y la incautación de sus bienes, los cuales no le fueron devueltos por el Estado cuando fue liberado.

La Corte IDH analizó la prisión preventiva a la luz del derecho a la libertad personal, ratificando su carácter de medida cautelar, no punitiva, y  destacó la relevancia del control judicial inmediato como medida tendiente a evitar la arbitrariedad o ilegalidad de las detenciones.

La Corte IDH también examinó las condiciones de detención del Sr. Tibi en relación con la obligación estatal de respeto a la integridad personal y con la obligación de investigar.