Los hechos del caso se refieren al derecho de la Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz a contar con un título de propiedad sobre su territorio tradicional que fuese idóneo y culturalmente adecuado, considerando que el reconocimiento de parte de dicho territorio habría sido tardío y negando un título único sobre la totalidad del territorio. Esta situación se tradujo en una omisión estatal de proteger efectivamente el territorio frente a la ocupación y despojo por terceros.

La CorteIDH también aplicó estándares sobre consulta previa, libre e informada respecto a la adopción de decisiones como la planificación y ejecución de proyectos y megaproyectos turísticos, la creación de un área protegida y ventas de tierras comunitarias; y analizó la responsabilidad estatal por los hostigamientos sufridos por las autoridades de la Comunidad como consecuencia de sus actividades en defensa de las tierras.