Los hechos del caso se refieren a la protección por vía de medidas provisionales de la integridad de dos niños, hijos de una pareja de desaparecidos argentinos que habían sido apropiados por un integrante de la Policía argentina y su esposa y privados de su identidad.

Los niños habían sido retenidos por sus apropiadores aun después de haberse conocido su filiación genética. La CorteIDH concedió medidas urgentes, que no convirtió en medidas provisionales porque el Estado cumplió con la protección ordenada.