INFORME N° 31/11 5 CASO 12.416 FONDO MASACRE DE SANTO DOMINGO COLOMBIA 24 de marzo de 2011 I. RESUMEN 1. El 18 de abril de 2002, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o la “CIDH”) recibió una petición presentada por la Comisión Interfranciscana de Justicia, Paz y Reverencia con la Creación, el Comité Regional de Derechos Humanos “Joel Sierra”, el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, Humanidad Vigente Corporación Jurídica, y el Center for International Human Rights of Northwestern University School of Law (en adelante “los peticionarios”) en la cual se alega que el 13 de diciembre de 1998, 17 civiles perecieron, entre ellos cuatro niños y dos niñas, y 25 más, entre ellos cuatro niños y cinco niñas, resultaron heridos como resultado del accionar de la Fuerza Aérea Colombiana (en adelante “FAC”) en el caserío de Santo Domingo, Departamento de Arauca, República de Colombia (en adelante, “el Estado” o “el Estado colombiano”). 2. Los peticionarios alegaron que el Estado es responsable de la violación a los derechos a vida, la integridad personal, garantías judiciales, derechos del niño, propiedad, derecho de circulación y de residencia y protección judicial previstos en los artículos 4, 5, 8, 19, 21, 22 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “Convención Americana”) en perjuicio de las 17 personas que perecieron a saber los niños Jaime Castro Bello (4), Luis Carlos Neite Méndez (5), Oscar Esneider Vanegas Tulibila (13), Geovani Fernández Becerra (16); las niñas Egna Margarita Bello (5), Katherine Cárdenas Tilano (7); y Levis Hernando Martínez Carreño, Teresa Mojica Hernández de Galvis, Edilma Leal Pacheco, Salomón Neite, María Yolanda Rangel, Rodolfo Carillo Mora, Pablo Suárez Daza, Carmen Antonio Díaz Cobo, Nancy Ávila Castillo, Arnulfo Arciniegas Velandia, Luis Enrique Parada Ropero y sus familiares; y las 25 personas que resultaron heridas a saber los niños Marcos Neite (4), Erinson Cárdenas (7), Ricardo Ramírez (11), Neftalí Neite (16); las niñas Yeimi Contreras (15), Maryuri Agudelo (15), Rosmira Daza Rojas (15), Lida Barranca (8), Alba García (16); y Fernando Vanegas, Milciades Bonilla, Ludwin Fernando Vanegas, Xiomara García, Mario Galvis, Frey Monoga Villamizar, Mónica Abello, Maribel Daza, Amalio Neite González, Myriam Arévalo, José Agudelo, María Panqueva, Ludo Vanegas, Adela Carrillo, Alcides Bonilla, Fredy Mora y sus familiares debido tanto a la conducta de sus agentes estatales como a la falta de una respuesta eficaz en cuanto a la investigación de los atentados y la ausencia de responsabilidad de los autores intelectuales de los hechos. Por su parte el Estado rechazó los alegatos de los peticionarios referentes a las presuntas violaciones de derechos protegidos por la Convención Americana y alegó la falta de competencia sobreviniente de la Comisión para conocer del caso en vista de que el Estado ha investigado, juzgado y condenado a las personas responsables de los hechos. 3. Tras analizar los fundamentos de hecho y de derecho presentados por las partes, la Comisión concluyó que el Estado es responsable por la violación de los artículos 4(1), 5(1), 8(1), 19, 21 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y en aplicación del principio iura novit curia el artículo 22 de la Convención Americana, así como por haber incumplido la obligación general de respetar y garantizar los derechos establecida en el artículo 1(1) de dicho Tratado, en 5 Conforme a lo dispuesto en el artículo 17(2) del Reglamento de la Comisión, el Comisionado Rodrigo Escobar Gil, de nacionalidad colombiana, no participó en el debate ni en la decisión del presente caso.

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