señor Portugal declararon que aproximadamente un mes después de la desaparición “llegó un policía a la casa diciéndoles que la víctima les mandaba decir que no se preocuparan, que estaba en [el cuartel de] Tocumen y que iba a salir” (supra párr. 89). A pesar de lo anterior, año y medio luego de haberse presentado la denuncia, se declaró un sobreseimiento provisional sin haberse llevado a cabo investigaciones completas y efectivas acerca de la participación de agentes estatales en los hechos del caso. Asimismo, la falta total de actividad judicial durante los nueve años transcurridos desde el sobreseimiento provisional en el año 1991 y la reapertura del caso en el 2000, se debe exclusivamente a la omisión por parte de las autoridades judiciales de investigar efectivamente los hechos denunciados. 153. Cabe señalar que el contexto político en el que se dieron los hechos apuntaba a la participación de miembros del grupo conocido como el G2. La Comisión de la Verdad de Panamá, por ejemplo, da cuenta en su informe de que en el mes de diciembre de 1999, un testigo confió a un periodista haber permanecido encerrado con Heliodoro Portugal en una casa cuya dirección desconocía, pero que sospechaba como cercana a la “Casa de Miraflores”, presunto centro clandestino de interrogatorios y torturas durante los primeros años de la dictadura militar. El testigo relató que en la habitación contigua a aquella en que se encontraba detenido, tenían prisionero a un señor al que escuchó decir durante los interrogatorios que su nombre era Heliodoro Portugal, a quien interrogaban y torturaban preguntándole si conocía a Floyd Britton, dirigente de la oposición (supra párr. 87). Lo anterior indica que existían otras personas que también se encontraban presuntamente desaparecidas por acciones u omisiones de agentes estatales, desde la misma época en que el señor Portugal fue detenido. En este sentido, según el Informe de la Comisión de la Verdad, durante la dictadura militar se llevaron a cabo al menos 40 desapariciones forzadas en Panamá (supra párr. 85). Dicho contexto no se tomó debidamente en cuenta por la autoridades judiciales con el propósito de determinar patrones y prácticas en común entre las diferentes posibles desapariciones o posibles responsables dentro de las fuerzas armadas. No fue sino hasta el 2000 que la Fiscalía llamó a declarar a miembros de las fuerzas de seguridad, a pesar de los indicios provistos por las declaraciones rendidas por los familiares y amigos del señor Portugal entre 1990 y 1991 (supra párrs. 127 y 128). 154. Además, el Estado tampoco ha logrado conseguir los documentos de las fuerzas armadas de Panamá que el gobierno de los Estados Unidos de América obtuvo luego de la invasión en 1989 y que pudieran brindar información acerca de lo ocurrido al señor Heliodoro Portugal. Sobre este último punto, esta Corte considera necesario resaltar que frente a contextos de presunta violación a los derechos humanos, los Estados deben colaborar entre sí en materia judicial, con el fin de que las investigaciones y procesos judiciales del caso puedan ser llevados a cabo de manera adecuada y expedita. 155. Adicionalmente, resulta pertinente resaltar que si bien el 30 de noviembre de 2007 el Segundo Tribunal Superior dispuso la reapertura del sumario atendiendo al hecho de que se conocía la identidad de un posible autor de la detención del señor Heliodoro Portugal, el nombre de dicha persona ya se conocía y formaba parte de las pruebas recabadas en el proceso penal a raíz de una declaración tomada el 4 de abril de 2001 (supra párr. 138). La Procuradora de la Nación que testificó ante este Tribunal calificó la falta de verificación de dicha información como una posible “omisión en el proceso”. Al haber enfocado todos sus esfuerzos en condenar al jefe del cuartel en donde se encontraron los restos del señor Heliodoro Portugal, por presumirse que hubiera tenido conocimiento de todo lo ocurrido en dicho lugar, el Estado omitió profundizar en otras líneas de investigación para buscar a todos los presuntos responsables, tanto materiales como intelectuales. El resultado ha sido que 18 años después de que la señora Patria Portugal presentó una denuncia ante el Poder 43