Los hechos del caso se refieren al asesinato -en agosto de 1994- de Jorge Omar Gutiérrez, miembro de la Policía Federal, quien estaba investigando un caso de corrupción conocido como "caso de la aduana paralela" en el que se encontraban involucrados empresarios y funcionarios estatales de alta jerarquía, y la impunidad en que se hallaba el mismo más de 17 años después como consecuencia de graves irregularidades en la investigación.

La Corte IDH desarrolló estándares sobre responsabilidad estatal por la violación del derecho a la vida, así como sobre la falta de efectividad de las investigaciones y procesos relacionados con la ejecución extrajudicial del Sr. Gutiérrez.