Los hechos del caso se refieren a la detención arbitraria, tortura y en algunos casos, ejecución extrajudicial de 11 personas, acciones cometidas por agentes del Estado entre junio de 1987 y febrero de 1988.

La Corte IDH analizó las violaciones a las garantías judiciales y desarrolló estándares sobre impunidad en relación con la obligación del Estado de garantizar y respetar los derechos humanos.