Los hechos del caso se refieren al despido de un grupo de 257 trabajadores cesados del Congreso Nacional de la República de Perú, en el marco de la disolución del Congreso dispuesta por el gobierno de Alberto Fujimori y la conformación del llamado “Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional”.

El contexto en el que ocurrieron los hechos puso en foco una situación generalizada de ceses irregulares en el sector público y de falta de garantías e ineficacia del poder judicial para enfrentarlos.