Los hechos del caso se relacionan con la libertad de expresión de accionistas, directivos y periodistas del canal Radio Caracas Televisión al que el Estado decidió no renovarle la concesión, en razón de la postura editorial del mismo durante los hechos de abril de 2002 en Venezuela.

La CorteIDH desarrolló estándares sobre libertad de expresión y su relación con las concesiones o licencias en materia de radio difusión en relación con la garantía de no discriminación.