54 público, persecución y a la discriminación’”. De esta manera, para el Estado, “la vinculación del señor […] Valle [Jaramillo] a [un] proceso penal […]” “no puede conducir a la errónea conclusión de que la denuncia que se presentó contra él tenía por objeto vulnerar su derecho a la honra”. Asimismo, el Estado señaló que la alegada violación del artículo 11 de la Convención a partir de las declaraciones de las autoridades departamentales de Antioquia “no tiene un sustento probatorio, sino que se basa en una serie de elementos circunstanciales, sacados de contexto por parte de los [r]epresentantes con la pretensión de establecer supuestamente que hubo un desprestigio público al señor Valle Jaramillo”. Además, señaló que “[e]n el ordenamiento jurídico colombiano […] están tipificados los delitos de injuria y calumnia y por lo tanto existe la posibilidad de presentar ante la autoridad judicial competente una denuncia por estos delitos, cuando se considere que una aseveración de un particular o de un funcionario público es deshonrosa o falsa para que la autoridad judicial competente determine la veracidad o no de lo dicho”. En cuanto a la violación de dicho artículo en perjuicio del señor Carlos Fernando Jaramillo Correa y su familia, el Estado consideró que en este caso no resulta aplicable la vinculación entre el derecho a la propiedad y el derecho a la honra, tal y como la Corte lo ha considerado en el caso de las Masacres de Ituango, “ya que en ningún momento se ha demostrado la destrucción o incendio de la vivienda del señor […] Jaramillo [Correa] por parte de fuerzas del Estado”. En ese sentido, citando jurisprudencia de la Corte, el Estado destacó que “la violación del artículo 11 de la Convención no se da de manera independiente” y que, en todo caso, “el detrimento en los bienes del señor Jaramillo Correa pudo ser consecuencia […] del desplazamiento que aquél sufrió”, respecto del cual el Estado reconoció su responsabilidad. 174. Teniendo en cuenta que la Comisión no alegó la violación del artículo 11 de la Convención, el Tribunal estima pertinente reiterar que la presunta víctima, sus familiares o sus representantes pueden invocar derechos distintos de los comprendidos en la demanda de la Comisión, sobre la base de los hechos presentados por ésta126. En relación con este último punto, la Corte ha señalado que no es admisible alegar nuevos hechos distintos de los planteados en la demanda, sin perjuicio de exponer aquellos que permitan explicar, aclarar o desestimar los que fueron mencionados en ésta, o bien, responder a las pretensiones del demandante. Asimismo, ha indicado que la excepción a esta regla opera en el caso de hechos supervinientes, es decir, de hechos que aparecen después de que se han presentado los escritos del proceso (demanda, escrito de solicitudes y argumentos, y contestación de la demanda)127. 175. Al respecto, el Tribunal observa que los representantes alegaron la violación del artículo 11 de la Convención, en perjuicio de Jesús María Valle Jaramillo y sus familiares, así como en perjuicio de Carlos Fernando Jaramillo Correa y sus familiares, con base en hechos descritos en la demanda de la Comisión en los párrafos 38 y 52, respectivamente. En el capítulo IV de esta Sentencia el Tribunal señaló que el Estado admitió que a Jesús María Valle Jaramillo “se le inició un proceso por calumnias a instancia de miembros del Ejército” (supra párr. 30.a). Asimismo, la Corte resalta que, respecto del párrafo 38 de la demanda, el Estado cuestion[ó] el contenido del testimonio del señor Carlos Fernando Jaramillo Correa […] en cuanto hace relación a que ‘el entonces Gobernador de Antioquia declaró públicamente que ‘el doctor 126 Cfr. Caso “Cinco Pensionistas”, supra nota 13, párr. 155; Caso Bayarri, supra nota 13, párr. 118, y Caso Heliodoro Portugal, supra nota 13, párr. 212. 127 Cfr. Caso “Cinco Pensionistas”, supra nota 13, párrs. 84 y 154; Caso Bayarri, supra nota 13, párr. 46, y Caso Heliodoro Portugal, supra nota 13, párr. 228.