60 Esa obligación de reparar se regula en todos los aspectos por el Derecho Internacional144. La Corte ha fundamentado sus decisiones en materia de reparaciones en el artículo 63.1 de la Convención Americana. 199. En el marco del reconocimiento parcial efectuado por el Estado (supra párrs. 6 y 20 a 26), de acuerdo con las consideraciones sobre el fondo expuestas y las violaciones a la Convención declaradas en los capítulos anteriores, así como a la luz de los criterios fijados en la jurisprudencia de la Corte en relación con la naturaleza y alcances de la obligación de reparar145, la Corte se pronunciará sobre las pretensiones presentadas por la Comisión y por los representantes, y la postura del Estado respecto de las reparaciones, con el objeto de disponer las medidas tendientes a reparar los daños. A) Parte lesionada 200. La Corte considera como “parte lesionada”, conforme al artículo 63.1 de la Convención Americana, a las siguientes personas, en su carácter de víctimas de las violaciones declaradas (supra párrs. 106, 110, 115, 127, 130, 144 y 169), por lo que serán acreedoras a las reparaciones que el Tribunal ordene: Jesús María Valle Jaramillo, Nelly Valle Jaramillo, Carlos Fernando Jaramillo Correa, María Leticia Valle Jaramillo, Ligia Valle Jaramillo, Luzmila Valle Jaramillo, Magdalena Valle Jaramillo, Romelia Valle Jaramillo, Marina Valle Jaramillo, Darío Valle Jaramillo, Octavio Valle Jaramillo, Alfonso Montoya Restrepo, Luis Fernando Montoya Valle, Gloria Lucía Correa, Carlos Enrique Jaramillo Correa, María Lucía Jaramillo Correa, Ana Carolina Jaramillo Correa, Jesús Emilio Jaramillo Barrera, Adela Correa de Jaramillo, Blanca Lucía Jaramillo Correa, Romelia Jaramillo Correa, Nellyda Jaramillo Correa, José María Jaramillo Correa, Luis Eugenio Jaramillo Correa, Gloria Elena Jaramillo Correa, Adriana María Jaramillo Correa, Blanca Inés Valle Jaramillo, Gonzalo de Jesús Jaramillo Correa, Juan Guillermo Valle Noreña, John Jairo Valle Noreña y Luz Adriana Valle Noreña. B) Indemnizaciones 201. La Corte determinará la pertinencia de otorgar reparaciones pecuniarias y los montos respectivos debidos en este caso, para lo cual toma en cuenta que el Estado ha otorgado indemnizaciones a nivel interno en el ámbito de un proceso contencioso administrativo, mediante un acuerdo conciliatorio aprobado judicialmente. 202. En el presente caso, la Corte ha reconocido el rol que cumple la jurisdicción contencioso administrativa colombiana en cuanto a la reparación pecuniaria de violaciones de derechos humanos (supra párrs. 167). De esta manera, observa que el 28 de septiembre de 2007 fue aprobado un Acuerdo Conciliatorio146 entre el Estado colombiano, 217. 144 Cfr. Caso Aloeboetoe y otros Vs. Surinam. Reparaciones y Costas. Sentencia de 10 de septiembre de 1993. Serie C No. 15, párr. 44; Caso Bayarri, supra nota 13, párr. 120, y Caso Heliodoro Portugal, supra nota 13, párr. 169. 145 Cfr. Caso Velásquez Rodríguez, supra nota 143, párrs. 25 a 27; Caso Bayarri, supra nota 13, párr. 122, y Caso Heliodoro Portugal, supra nota 13, párr. 218. 146 Se acordaron indemnizaciones por concepto de “perjuicios morales”, “perjuicios materiales debidos” y “perjuicios materiales indemnización futura” en beneficio de Luzmila Valle Jaramillo, María Magdalena Valle Jaramillo, María Nelly Valle Jaramillo y Luis Fernando Montoya Valle, y se acordó una indemnización únicamente por “perjuicios morales” en beneficio de Jesús María Valle Jaramillo, María Leticia Valle Jaramillo, Ligia Amparo Valle Jaramillo, Blanca Inés Valle Jaramillo, Romelia Valle Jaramillo, Marina Valle Jaramillo y Octavio de Jesús Valle