INFORME No. 112/18
CASO 12.910
INFORME DE FONDO
CARLOS JULIO AGUINAGA AILLÓN
ECUADOR
5 DE OCTUBRE DE 2018

I.

RESUMEN

1.
El 26 de mayo de 2005 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la
Comisión Interamericana”, “la Comisión” o “la CIDH”) recibió una petición presentada por Carlos Julio Aguinaga
Aillón (en adelante “la parte peticionaria”) en la cual alega la responsabilidad internacional de la República del
Ecuador (en adelante “el Estado ecuatoriano”, “el Estado” o “Ecuador”) por una serie de supuestas violaciones
de derechos humanos cometidas en su perjuicio.
2.
La Comisión aprobó el informe de admisibilidad No. 42/13 el 11 de julio de 20131. El 14 de
agosto de 2013 la Comisión notificó dicho informe a las partes y se puso a su disposición a fin de llegar a una
solución amistosa. Las partes contaron con los plazos reglamentarios para presentar sus observaciones
adicionales sobre el fondo.
3.
La parte peticionaria indicó que en diciembre de 1998 fue designado por el Congreso de la
República como Vocal del Tribunal Supremo Electoral para el periodo 1998-2003 y posteriormente fue reelecto
para el periodo 2003-2007, sin embargo el 25 de noviembre de 2004 el Congreso Nacional mediante una
resolución dispuso su cesación ilegitima, pese a que la legislación interna establecía que las únicas formas en
las que el Congreso podía cesarlo eran la fiscalización y el juicio político. Refirió que con ello el Estado
ecuatoriano violó diversos derechos reconocidos en la Convención Americana.
4.
El Estado indicó que la resolución de cese de los vocales del Tribunal Supremo Electoral fue
adoptada legítimamente por el Congreso Nacional ya que la Constitución establecía que el Congreso era el
encargado de nombrar a los vocales del Tribunal Supremo Electoral y designar sus reemplazos. Refirió que la
decisión adoptada por el Congreso no violó ninguna disposición interna ni obligaciones internacionales
contraídas por la República del Ecuador.
5.
Con base en las determinaciones de hecho y de derecho, la Comisión Interamericana concluyó
que el Estado ecuatoriano es responsable por la violación de los artículos 8.1, 8.2 b), 8.2 c), 8.2 h) (Garantías
Judiciales), 9 (Principio de Legalidad) y 25.1 (Protección Judicial) de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (en adelante “la Convención Americana” o “la Convención”), en relación con las obligaciones
establecidas en los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento. La Comisión formuló las recomendaciones
respectivas.
II.

POSICIONES DE LAS PARTES

A.

Parte peticionaria

6.
La parte peticionaria indicó, que los hechos y violaciones del presente caso son similares a los
de los casos Quintana Coello y otros; y Camba Campos y otros, decididos en su oportunidad por la Corte
Interamericana, relativos al cese de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y vocales del Tribunal
Constitucional, respectivamente, en el año 2004.

CIDH. Informe No. 42/13, Caso 12.910, Carlos Julio Aguinaga Aillón (Vocal del Tribunal Supremo Electoral), 11 de julio de 2013. En dicho
informe la CIDH declaró la petición admisible por la presunta violación de los artículos 8, 9 y 25 en concordancia con el artículo 1.1 de la
Convención Americana e inadmisible por la presunta violación de los artículos 11, 23 y 24.
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