Los hechos del caso se refieren a la ejecución extrajudicial de un grupo de 5 adolescentes en situación de calle, 3 de ellos menores de edad. 4 de las víctimas fueron previamente secuestradas y torturadas. La Corte IDH ubicó los hechos en el contexto de una práctica estatal de amenazas, detenciones, tratos crueles, inhumanos y degradantes y homicidios contra "niños de la calle” por parte de agentes de seguridad estatales como medio para contrarrestar la delincuencia juvenil.

La Corte IDH aplicó estándares de protección del derecho a la vida inclusivos de la garantía a una existencia digna, poniendo en foco la situación de riesgo a la que se ven expuestos los "niños de la calle”. Asimismo aplicó criterios de análisis integral del proceso interno para concluir el incumplimiento estatal de la obligación de investigar efectiva y adecuadamente los hechos.