Los hechos del caso se refieren a las violaciones a los derechos humanos de ocho comunidades de los Pueblos Kaliña y Lokono del Río Bajo Marowijne. En particular, focaliza en la ausencia de marco normativo que reconozca -de manera colectiva- la personalidad jurídica de los pueblos indígenas, ni su derecho a la propiedad colectiva de las tierras, territorios y recursos naturales.

La CorteIDH profundiza estándares vinculados con propiedad colectiva, y relaciona los mismos con la protección del medio ambiente y la obligación estatal de garantizar la participación efectiva de los pueblos indígenas a través de procedimientos culturalmente adecuados para la toma de decisiones de dichos pueblos.