Los hechos del caso se refieren a detención y posterior juzgamiento conforme a la legislación antiterrorista peruana por un tribunal militar “sin rostro” y con restricciones al derecho de defensa de Lori Helene Berenson Mejía. La víctima fue condenada a cadena perpetua por el delito de “traición a la patria”. Como resultado de la interposición por la defensa de un recurso de revisión extraordinaria, la sentencia fue anulada y la causa transferida al fuero penal ordinario. Finalmente se estableció la responsabilidad de Lori Berenson por el delito de colaboración con el terrorismo, condenándola a 20 años de privación de libertad.

La Corte IDH consideró que el contexto en que se desarrollaron los hechos corresponde a la época en la que se vivió en Perú, desde la década del 80 y hasta finales del 2000, un conflicto entre grupos armados y agentes de las fuerzas policiales y militares. Este conflicto se agudizó mediante una práctica sistemática de violaciones a los derechos humanos -entre ellas ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas- de personas sospechosas de pertenecer a grupos políticos opositores que fueron realizadas por agentes estatales siguiendo órdenes de jefes militares y policiales.

La Corte IDH se pronunció acerca de las condiciones de detención sufridas por la víctima (aislamiento prolongado, incomunicación coactiva, mala alimentación, deficientes medidas sanitarias, la restricción de su derecho a visitas y la deficiente atención médica, entre otras)  las que fueron consideradas tratos crueles, inhumanos y degradantes violatorios de la Convención Americana. La Corte IDH reiteró elementos relacionados con la necesidad de observar el principio de legalidad en la elaboración de tipos penales y la improcedencia de la competencia penal militar en delitos cometidos por civiles debido a la vulneración al derecho de juez natural y al debido proceso, ambas garantías vinculadas con el derecho al acceso a la justicia.