Los hechos del caso se relacionan con las amenazas e intimidaciones -que empezaron a ocurrir a inicios del año 1994- contra la Sra Villaseñor quien -en su calidad de jueza- había intervenido en varios casos que involucraban a altos miembros del Ejército de Guatemala, acusados por graves delitos patrimoniales y violaciones a los derechos humanos, así como la falta de investigación de las mismas.

La CorteIDH aplicó estándares sobre independencia judicial a la luz de las presiones sufridas por la Jueza Villaseñor, y analizó la responsabilidad estatal en relación con la participación o no de agentes estatales en los mismos