Los hechos del presente caso se refieren a la ejecución extrajudicial y tortura -por parte de fuerzas militares- de un grupo de más de 20 personas debido a su supuesta vinculación al Comando de la Selva.

Frente a la denuncia por estos hechos, el Estado realizó un reconocimiento de responsabilidad internacional y la Corte decidió dejar abierto el procedimiento para los efectos de las reparaciones y costas.