ocasión, la manera de realizarlo y los móviles determinantes, se revelare una mayor y particular peligrosidad del agente5. 33. A pesar de estar prevista en la legislación guatemalteca, según un informe de Amnistía Internacional, la pena de muerte rara vez se aplicó en Guatemala antes de los años noventa. Dicho informe refiere que en 1982 se llevaron a cabo 4 ejecuciones por pena de muerte, y otras 11 en 1983, en virtud del Decreto de Emergencia 46-82, promulgado durante el estado de sitio impuesto por Efraín Ríos Montt6. 34. Durante los años 90 el Estado guatemalteco volvió a aplicar la pena de muerte, primero por medio de fusilamiento, conforme al Decreto 234 del Congreso de la República, y luego a través de inyección letal7, después de que el Decreto 234 fue derogado por el Decreto 100-96 de noviembre de 1996 mediante el cual se estableció este nuevo método de ejecución, cuyo procedimientos fue regulado en el artículo 7 del mismo decreto8. 2. El recurso de gracia y la derogatoria del Decreto 159 de 1892 35. El último recurso disponible en la legislación guatemalteca, para impugnar la imposición de la pena de muerte al momento de los hechos del presente caso era el recurso de gracia, previsto en el Decreto 159 de la Asamblea Nacional Legislativa de 19 de abril de 1892. El recurso de gracia establecía la facultad del Presidente de la República de no aplicar la pena de muerte a un condenado, no obstante, en una decisión de amparo de la Corte de Constitucionalidad de 9 de agosto de 1996, se indicó que el Decreto 159 ya no se encontraba vigente, pero que permanecía vigente el recurso de gracia, aunque sin un procedimiento establecido. Al respecto determinó que el Decreto 159 estuvo vigente entre el 21 de abril de 1892 y el 22 de diciembre de 1944 y tuvo una nueva vigencia con modificaciones entre el 23 de diciembre de 1944 y 14 de marzo de 1945, día anterior a la fecha de vigencia de la Constitución de 1945. Por ello la Corte de Constitucionalidad concluyó que “el procedimiento establecido en el Decreto 159 de la Asamblea Nacional Legislativa, no está vigente”. Agregó que la solicitud de conmuta de la pena es un recurso admisible contra la sentencia que impone la pena de muerte y que el conocimiento de dicha solicitud corresponde al Presidente de la República, cuya única obligación es resolver y notificar lo resuelto, sin que exista un procedimiento obligado al que deba sujetarse9. 36. Con posterioridad, el 1 de junio de 2000 el Congreso de la República derogó formalmente el Decreto 159 de 1892 por considerar que no existe norma que “sirva de fundamento para que el Organismo Ejecutivo pueda conmutar la pena de muerte como establece el Decreto Número 159 de la Asamblea Nacional Legislativa de la República, al haberse derogado las constituciones anteriores (…)”10. 37. A partir de dicha fecha, es decir, hace más de 17 años, en Guatemala no se ha impuesto ni aplicado la pena de muerte. 3. Los casos Fermín Ramírez y Raxcacó Reyes vs. Guatemala conocidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos 5 Decreto Número 17-73, Código Penal de Guatemala. 6 Amnistía Internacional. Guatemala, El retorno de la pena de muerte. Marzo de 1997; ver también CIDH, Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, OEA/Ser.L/V/II.63 doc.10, 28 de septiembre de 1984, Guatemala, párr. 9. 7 Ver. Decreto Número 100-96 de 28 de noviembre de 1996, Ley que Establece el Procedimiento para la Ejecución de la Pena de Muerte. 8 Ver CIDH, Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 1997,OEA/Ser.L/V/II.doc.6, 17 de febrero de 1998, párr.26-29. 9 Corte de Constitucionalidad, Expediente 1015-96, Gaceta Jurisprudencial No. 41-Amparos en Única Instancia. 10 Ver Decreto número 32-2000 publicado el 1 de junio de 2000. 6