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2.4
Análisis de los motivos expuestos para no reincorporar a la
señora Reverón Trujillo a su cargo ni saldarle sus salarios dejados de
percibir
107. Una vez que se ha indicado el marco fáctico que la Corte ha tenido por
probado en cuanto a la reestructuración del Poder Judicial y a la condición de “jueza
provisoria” de la presunta víctima, corresponde analizar, conforme a lo expuesto en
el párrafo 62 supra, si estas razones eximían al Estado de reincorporarla a su cargo y
saldarle sus salarios dejados de percibir.
108. En cuanto a la reestructuración del Poder Judicial, la Comisión consideró que
este hecho “no es justificación para no ordenar la reincorporación de la señora
Reverón Trujillo al cargo ni el pago de los salarios dejados de percibir[.] En tal
sentido, la actuación de la Sala Político Administrativa del TSJ no tuvo en cuenta que
incluso en el marco del proceso de reestructuración, se encontraban regulados
ciertos parámetros mínimos de estabilidad en aras de la independencia judicial, que
debieron ser tenidos en cuenta al momento de disponer la reparación por la
destitución arbitraria de la señora Reverón Trujillo”.
109. Sobre la provisionalidad la Comisión sostuvo “que a la luz del principio de
independencia judicial los Estados deben asegurar que todas las personas que
ejerzan la función judicial cuenten con garantías de estabilidad reforzada,
entendiendo que, salvo la comisión de graves faltas disciplinarias, la estabilidad en el
cargo debe ser respetada por el plazo o condición establecida en la designación, sin
distinción entre los jueces llamados ‘de carrera’ y aquellos que ejercen temporal o
provisoriamente la función judicial. Tal temporalidad o provisionalidad debe en todo
caso estar determinada por un término o condición específica de ejercicio de la
judicatura, a fin de garantizar que tales jueces no serán removidos de sus cargos en
razón de las decisiones que adopten”.
110. Los representantes alegaron que la reestructuración del Poder Judicial no era
“una razón legal ni legítima para que no se haya reincorporado al cargo a María
Cristina Reverón Trujillo, con todas las consecuencias que ello implicaba […]. Más, si
tomamos en cuenta que el Estado ha removido y sigue removiendo constantemente
jueces provisorios, quedando muchos cargos vacantes que luego son llenados con
designaciones discrecionales de la Comisión Judicial”. Además, indicaron que la falta
de pago de los salarios que dejó de percibir representa “una arbitrariedad, porque la
reestructuración judicial nada tiene que ver con las indemnizaciones debidas a la
juez y no existe limitación legítima alguna para negarlas”.
111. En lo que respecta a la provisionalidad, los representantes manifestaron que
la “injustificada e irrazonable distinción introducida por el Estado entre jueces
provisorios sin ninguna estabilidad y jueces titulares con estabilidad, es claramente
arbitraria y caprichosa. No resulta razonable ni legítimo que existan jueces que
puedan ser removidos discrecionalmente, sin causa ni procedimiento alguno”.
112. El Estado señaló que el proceso de reestructuración, que implica llamar a
concursos para obtener la titularidad de todos los cargos, “resulta especialmente
complejo tomando en cuenta el número de tribunales existentes en el país, las
nuevas competencias especiales creadas desde el año 2000, y la necesidad de que
todos los concursos se adec[ú]en a las previsiones constitucionales”. Agregó que la
aplicación de las normas relativas a la reestructuración ocasionó una serie de vacíos
en diversos tribunales del país, como consecuencia de la destitución de sus
ocupantes. Según el Estado, conciente de sus obligaciones establecidas en la
Convención Americana que ordena adaptar las disposiciones de derecho interno para
garantizar y hacer efectivos los derechos establecidos en dicho instrumento, así