Los hechos del caso hacen referencia a la incursión, el 14 de enero de 1990, del grupo paramilitar 'Los Tangueros', bajo órdenes de Fidel Castaño, en el corregimiento Pueblo Bello, municipio de Turbo, departamento de Antioquia. Los paramilitares saquearon algunas viviendas y, por la fuerza, trasladaron a un número indeterminado de hombres hasta la plaza del pueblo, donde los obligaron a acostarse boca abajo, seleccionando de una lista a 43 campesinos, entre ellos 3 menores de edad. Las personas fueron amarradas, obligadas a subir a dos camiones y trasladadas a una finca donde fueron recibidas por el jefe paramilitar. Allí, los campesinos fueron interrogados y torturados. De las 43 víctimas, 37 desaparecieron y 6 fueron ejecutadas extrajudicialmente.

Los hechos del caso se enmarcan en el contexto del conflicto armado colombiano y particularmente en el marco de la expansión y control territorial por parte de los grupos paramilitares como reacción a la insurgencia guerrillera en la región del Urabá Antioqueño.

La Corte IDH desarrolló estándares sobre responsabilidad estatal por el incumplimiento de los deberes de prevención y protección de los habitantes de la zona -que había sido declarada como zona de emergencia y operaciones militares- frente a las acciones de los grupos paramilitares. Adicionalmente puso en evidencia la impunidad en que se encuentran los hechos del caso y las violaciones al acceso a la justicia.