Los hechos del caso se relacionan con el incumplimiento por parte de las autoridades municipales de 13 sentencias que reconocían a las víctimas -un grupo de más de 800 profesores y profesoras- montos en concepto de asignaciones de la previsión social.

En su Sentencia, la CorteIDH analizo las obligaciones estatales en relación con la prohibición de obstaculizar el sentido y alcance de las decisiones judiciales ni retrasar indebidamente su ejecución en particular tratándose de sentencias laborales. Adicionalmente, ratificó su comprensión amplia del derecho a la propiedad, y su afectación en el caso como consecuencia de la imposibilidad practica de ejecutar las sentencias dictadas.