Los hechos del caso se refieren a violaciones a los derechos humanos contra el Sr. Ríos Avalos y el Sr. Fernández Gadea quienes se desempeñaban como ministros de la Corte Suprema en el marco de los juicios políticos que terminaron en sus destituciones en el año 2003.

En su Sentencia, la Corte reiteró estándares sobre la relevancia de la independencia judicial y la garantía de inamovilidad en el cargo de las autoridades judiciales en un Estado de derecho, así como la utilización del juicio político para su destitución concluyendo que los mismos habían sido violados en el caso concreto, así como el derecho a las garantías y protección judicial.