Los hechos del caso se refieren a la afectación a la vida y la integridad personal de integrantes de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP), organización que acompaña procesos comunitarios y organizaciones afro descendientes, mestizas e indígenas que afirman sus derechos sin el uso de la violencia en zonas de conflicto armado.

La Corte IDH desestimó el pedido por considerar que no alcanzaba los requisitos convencionales.