La solicitud –presentada por uno de los representantes de las victimas del caso Artavia Murillo y otros- se basaba en la necesidad de que se dictara una orden directa dirigida al Ministerio de Salud a efectos de que las clínicas privadas pudieran brindar el servicio de fecundación in vitro de modo de que el acceso a la misma estuviera garantizado de manera inmediata.

La CorteIDH declaró improcedente el pedido por considerar que el asunto planteado es objeto de evaluación en el marco de la supervisión del cumplimiento de la Sentencia dictada por ella misma el 28 de noviembre de 2012.