Los hechos del caso se refieren a la detención ilegal, tortura y desaparición forzada de Agustín Goiburú Giménez, Carlos José Mancuello Bareiro y de los hermanos Rodolfo y Benjamín Ramírez Villalba, ocurridas durante la dictadura de Alfredo Stroessner en Paraguay y en el marco de la denominada “Operación Cóndor”, nombre que se le dio a la alianza que unía y coordinaba fuerzas de seguridad y servicios de inteligencia de las dictaduras de Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil.

La Corte IDH consolidó su jurisprudencia respecto al carácter continuado o permanente del delito de desaparición forzada, y reconoció que aquél delito, y el consecuente deber de investigar y de sancionar a los responsables, tienen carácter de normas inderogables de derecho internacional o jus cogens. La Corte IDH también analizó la obligación de investigar aun después de la caída del régimen dictatorial incluyendo el alcance de la obligación de cooperación interestatal que se expresa en la extradición.