Los hechos que fundamentan la solicitud de protección en favor de los señores Salvador Jerónimo y otros, se refieren al riesgo a la vida e integridad física en razón de su calidad de testigos y miembros activos de la Asociación para la Justicia y Reconciliación (AJR), asociación civil que actúa como querellante en casos de genocidio, delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra que conocen los tribunales de Guatemala; y su comparecencia –en calidad de testigos u observadores– en la audiencia pública celebrada en la CorteIDH para el caso Masacre Plan de Sánchez.

En el año 2006, la Corte IDH extendió la protección cautelar a los y las integrantes de la Asociación Civil Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP), quienes apoyan el proceso de reparación a las víctimas y sobrevivientes de la Masacre Plan de Sánchez.

En julio de 2022 se otorgaron medidas de protección en favor de la Fiscal Elena Gregoria Sut Ren y su núcleo familiar debido a los riesgos en los que se encontraba como consecuencia de su actuación y los avances en las investigaciones penales vinculadas con los casos Bámaca Velázquez, Maritza Urrutia, Masacre Plan de Sánchez, Chitay Nech y otros, Masacres de Río Negro y Gudiel Alvarez y otros (Diario Militar). Durante el trámite ante la Corte IDH fue probado que habían ocurrido actos de hostigamiento, amenazas, seguimientos y vigilancia en perjuicio de la fiscal. Las medidas de protección ordenadas apuntaron a “garantizar la independencia en el ejercicio del cargo de dicha fiscal, y con ello garantizar el derecho al acceso a la justicia de las víctimas de los casos..”