22 victimarios y a verlos en espacios comunes del municipio. En general, los sobrevivientes rechazan la participación política y se muestran escépticos frente a la justicia. El proyecto de vida comunitario quedó gravemente dañado por la desarticulación del grupo, la pérdida de referentes sociales, la destrucción de la cultura, así como por la eliminación de sus líderes. La destrucción del tejido social perdura debido a la sustitución obligatoria de los sistemas tradicionales de control social por sistemas de control militar, la obligatoriedad de patrullar con victimarios de la masacre y la imposibilidad de comenzar la reconstrucción en la comunidad hasta 1988. Los roles familiares quedaron desarticulados por la muerte de las mujeres. La muerte de los niños implicó la ruptura de la descendencia y de un proyecto de vida que abarcaba expectativas de progreso para la familia. La muerte de los ancianos rompió las estructuras de poder en Plan de Sánchez, las formas tradicionales de resolución de conflictos, y dificultó la transmisión oral de la cultura y de la espiritualidad, que también está a cargo de las mujeres. Los hombres buscaron crear nuevos hogares y se casaron con mujeres de otras aldeas, por lo que hoy en día son padres, cuando deberían ser abuelos. A largo plazo la nueva generación se ha visto afectada por las frustraciones, sentimientos de dolor, tristeza y angustia de los padres, expresados a través de violencia intrafamiliar, alcoholismo y evitación en el hogar. Después de la masacre el contexto de inseguridad generalizado no permitió el proceso de duelo en la comunidad. Las exigencias externas eran tantas que no hubo tiempo para llorar a los muertos y, aunque las personas sabían qué y a quién perdieron, no hallaron el significado de su muerte. Asimismo, el hecho que los sobrevivientes hayan encontrado los cadáveres de sus familiares quemados y fueran obligados a enterrarlos sin realizar sus ritos funerarios destruyó la relación entre vivos y muertos que debe mantenerse en armonía. Según el Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de Guatemala la violación sexual de las mujeres fue una práctica común dirigida a destruir la dignidad de la persona en uno de sus aspectos más íntimos y vulnerables. La memoria y la dignidad de la mujer como transmisora y procreadora del grupo quedó dañada a nivel cultural, social, familiar e individual. Las comunidades mismas quedaron afectadas por esta práctica; se convirtió en motivo de vergüenza colectiva. La impunidad y la cercanía en la que permanecen los autores materiales de la violación sexual han impedido que las mujeres participen en los procesos de justicia y que el terror vivido en la masacre perdure hasta el día de hoy. La falta de sanción y justicia dificulta que los efectos de la violencia se elaboren. El no reconocimiento social de las violaciones hace que las víctimas continúen aisladas y estigmatizadas, profundiza la polarización entre grupos sociales y no permite la reconstrucción del tejido social ni del proyecto de vida comunitario. Deben existir medidas de tipo comunitario tendientes a la reparación colectiva del vacío cultural generado y a la reconstrucción de su identidad. Asimismo, es fundamental que se tengan en cuenta las nuevas generaciones para las reparaciones. En consenso con las víctimas, es necesario el reconocimiento público de los hechos por parte de un representante del Estado en el Municipio de Rabinal; la participación del Estado en los días de conmemoración de la masacre; la creación de un