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12.
El 11 de marzo de 2004 la Comisión presentó los testimonios de los señores
Benjamín Manuel Jerónimo y Eulalio Grave Ramírez y los peritajes de los señores
Luis Rodolfo Ramírez García y José Fernando Moscoso Möller, todos rendidos ante
fedatario público (affidávits). Los días 12 y 15 de marzo de 2004 la Secretaría
transmitió a los representantes y al Estado, respectivamente, las mencionadas
declaraciones remitidas por la Comisión, con el fin de que presentaran las
observaciones que estimaren pertinentes. Ninguna observación fue presentada.
13.
El 21 de abril de 2004 el Instituto Comparado de Ciencias Penales en
Guatemala (ICCPG), el Centro de Estudios sobre Justicia y Participación (CEJIP) y el
Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP)
presentaron un escrito en calidad de amici curiae.
14.
Los días 23 y 24 de abril de 2004 la Corte celebró la audiencia pública, la cual
tuvo dos partes, y comparecieron:
por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:
Susana Villarán, Delegada;
María Claudia Pulido, asesora, e
Isabel Madariaga, asesora;
por los representantes de las víctimas:
Fernando Arturo López Antillón, representante;
Lucy Turner, representante, y
Juan Pablo Pons, representante;
por el Estado de Guatemala:
Herbert Estuardo Meneses Coronado, Agente;
Luis Ernesto Cáceres Rodríguez, Agente Alterno, y
Mayra Alarcón Alba, Directora Ejecutiva de la Comisión Presidencial
Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos
Humanos (COPREDEH);
testigos propuestos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:
Juan Manuel Jerónimo;
Buenaventura Manuel Jerónimo, y
Narcisa Corazón Jerónimo;
peritos propuestos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:
Augusto Willemsen-Díaz, y
Nieves Gómez Dupuis.
15.
En el curso de la primera parte de la audiencia pública, el Estado manifestó
oralmente y por escrito, que retiraba las excepciones preliminares interpuestas y
reconocía su responsabilidad internacional en el presente caso. Por su parte, la
Comisión Interamericana y los representantes, respectivamente, manifestaron
durante la audiencia pública, así como de forma escrita, que aceptaban el
reconocimiento de responsabilidad efectuado por el Estado.
Ese mismo día,
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