4 [d]el informe elaborado por la institución policial se desprende que algunos miembros de la Comunidad Sarayaku estarían con orden de prisión debido a las denuncias presentadas por la Compañía Petrolera CGC, por supuestos actos de vandalismo cometidos por los comuneros. En este sentido, el Estado Ecuatoriano, a través de la Procuraduría General del Estado se ha visto en la necesidad de realizar una exhaustiva investigación sobre los datos recibidos, los mismos que han sido omitidos por los peticionarios, con el fin de evitar que la protección otorgada por la Comisión Interamericana se constituya en un mecanismo para evadir la comparecencia de las personas mencionadas ante los tribunales nacionales y responder por las denuncias planteadas. Asimismo, el Estado adjuntó a dicha comunicación un plan de operaciones de protección para los miembros de la comunidad de Sarayaku, pero el mencionado informe no indicaba si las medidas de seguridad efectivamente se implementaron; m) el 16 de octubre de 2003, durante el 118º período ordinario de sesiones de la Comisión, se celebró una audiencia para tratar cuestiones relativas a las medidas cautelares. Durante la audiencia, los peticionarios alegaron que el Estado se encontraba en un estado de incumplimiento total de las medidas cautelares, porque lejos de adoptar medidas a favor del pueblo indígena kichwa de Sarayaku, las acciones iniciadas perjudicaban al pueblo y en ningún momento Ecuador se había puesto en contacto con los representantes de la Comunidad para acordar la implementación de dichas medidas, conforme a lo solicitado por la Comisión. En dicha audiencia, el Estado sostuvo que el aumento de la presencia militar en la zona en cuestión tenía relación con la situación en la frontera con Colombia y no con la situación del pueblo de Sarayaku; n) el 5 de diciembre de 2003 los peticionarios informaron a la Comisión que el 4 de diciembre de 2003 aproximadamente 120 personas del pueblo Sarayaku, incluidas mujeres y niños, que se desplazaban sobre el río Bobonaza en dirección a la ciudad de Puyo para participar en una marcha para denunciar la política petrolera del Gobierno, fueron atacadas y agredidas por asalariados de la compañía CGC. En dicha ocasión los indígenas fueron golpeados con palos, piedras y machetes y sus pertenencias fueron destruidas a machetazos. Como consecuencia de ello muchos habitantes de Sarayaku sufrieron heridas de gravedad y cuatro personas, entre las que había un niño, habrían sido retenidas por los agresores y liberadas al día siguiente; ñ) el 17 de diciembre de 2003 la Comisión renovó por seis meses las medidas cautelares. En esa oportunidad se otorgaron 15 días al Estado para que informara a la Comisión sobre la adopción de las medidas cautelares. Ecuador solicitó una prórroga, pero transcurrido el plazo no envió la información solicitada; o) el 8 de abril de 2004 los peticionarios proporcionaron información sobre la falta de implementación de las medidas cautelares y solicitaron a la Comisión que pidiera medidas provisionales a la Corte Interamericana. En su solicitud los peticionarios informaron que el 31 de marzo de 2004 un comando militar habría realizado una