Los hechos del caso se refieren a la detención ilegal -por una patrulla del ejército-, y posterior tortura y desaparición forzada a partir del 22 de julio de 1980, de Renato Ticona Estrada, quien estaba en compañía de su hermano Hugo Ticona Estrada, que también fue detenido y torturado, y liberado posteriormente.

La Corte IDH reconoció una vez más las características y elementos particulares que posee el delito de desaparición forzada de personas, y entendió que ellas habilitaban al tribunal a declarar violaciones a la libertad personal y a la obligación de no practicar, permitir ni tolerar la desaparición forzada de personas, tal como consagrado en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.

Adicionalmente estableció estándares sobre el deber de debida diligencia en la investigación de desaparición forzada considerando la realización de todas las acciones necesarias para determinar el destino o paradero de la persona desaparecida y encontró que los procesos penales iniciados no resultaron eficaces ni fueron realizados en un plazo razonable. La Corte IDH también consideró que la falta de investigación, sanción y reparación por los hechos de tortura derivaba en responsabilidad internacional.