ella el 25 de enero de 2000 mediante auto inicial de instrucción, por los delitos de “desobediencia judicial” y “resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes”. Señalaron que aunque dicho Juzgado solicitó su aprehensión, le fue concedida la libertad provisional y se le impusieron medidas sustitutivas. La información aportada por el peticionario indica que este proceso se encuentra actualmente en etapa de conciliación entre la Comuna Paceña y la parte civil, y que a la fecha no se ha llevado a cabo la audiencia respectiva, con la cual se pondría fin al proceso. 5. Caso Mallasa 27. Según la narración de los peticionarios, este caso se refiere a la supuesta venta ilegal por parte de un antiguo Alcalde de La Paz y otros funcionarios, de terrenos pertenecientes al Parque Nacional de Mallasa. Indicaron que el 26 de enero de 2001 el Alcalde Municipal de la Ciudad de la Paz interpuso querella contra la señora Andrade por omisión de denuncia e incumplimiento de deberes. Informaron que como medidas sustitutivas a la detención, el juez de la causa estableció la presentación de un garante, un régimen de presentación semanal y el arraigo. 28. Según la narración de los peticionarios, el 8 de septiembre de 2003 el Juez Quinto de Instrucción en lo Penal Liquidador dictó el auto final de instrucción y decretó el sobreseimiento provisional a favor de la señora Andrade, por no existir indicios de culpabilidad de los delitos denunciados. Resaltaron que este auto fue apelado por el querellante, pero que dicho recurso no ha sido tramitado, por lo cual el proceso permanece abierto. Agregaron que el 16 de septiembre de 2004 solicitaron la extinción de la acción penal, la cual fue rechazada el 19 de abril de 2005 por el Juzgado de conocimiento, por considerar que la dilación del proceso es atribuible a la conducta de los procesados. Los peticionarios resaltaron que el incumplimiento en los plazos fijados por la ley en este caso es atribuible al sistema judicial, el cual ha suspendido 36 audiencias de las cuales ninguna es responsabilidad de la señora Andrade 7. 6. Caso Esin 29. Los peticionarios indicaron que este caso se refiere a un contrato firmado por la Ex-Alcaldesa Gaby Candia y extendido por el Ex-Alcalde German Monroy. Explicaron que debido a un litigio pendiente con la Empresa de Servicios Integrales en el Área de Aseo Urbano, el Concejo Municipal le ordenó al entonces Alcalde resolver el contrato, a pesar de lo cual la extensión contractual fue hecha en contra de las normas legales vigentes. Resaltaron que la señora Andrade no estuvo involucrada con el contrato ni su extensión. 30. Señalaron que el proceso relacionado con estos hechos se radicó en el Juzgado Primero de Instrucción en lo Penal el cual, mediante resolución de 10 de mayo de 2002, imputó a la presunta víctima por los delitos de “incumplimiento de deberes” y “contratos lesivos al Estado”. Según la información aportada por los peticionarios, este caso lleva cuatro años en fase inicial. 31. En cuanto a los requisitos de admisibilidad, los peticionarios le solicitaron a la Comisión la aplicación de las excepciones consagradas en los literales a) y c) del artículo 46.2 de la Convención Americana pues, en su consideración, es evidente la ausencia de debido proceso y la configuración de un retardo injustificado en los procesos judiciales. En este sentido, argumentaron que la legislación boliviana establece plazos perentorios para extinguir la acción penal, mecanismo que en el caso de la señora Andrade fue negado sistemáticamente a pesar de que se dieron todas las condiciones establecidas por la ley. Asimismo, manifestaron que el interés político por parte de algunos jueces ha ocasionado un prejuzgamiento en las investigaciones que se adelantan, en las cuales se han proferido mandamientos de detención preventiva injustificados y se han establecido medidas sustitutivas a la detención preventiva de imposible cumplimiento. Señalan los peticionarios que de conformidad con el informe presentado por la Secretaría del Juzgado Segundo de Partido en lo Penal, se han presentado 8 casos de audiencias suspendidas por ausencia del Fiscal, 4 audiencias suspendidas por ausencia del juez, 4 casos de excusas y recusaciones, 15 casos de audiencias suspendidas por errores de notificaciones o diligencias y 5 casos de audiencias suspendidas por ausencia de la parte civil. 7 6